El presidente Luis Lacalle Pou anunció ayer que firmó decretos vinculados al régimen de vivienda promovida o de interés social, para volver a las reglas originales del sistema que permite construir con exoneraciones bajo ciertas condiciones.

Se trata de un pedido que venía sosteniendo la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu), que cuando era candidato e incluso presidente electo Lacalle Pou se comprometió a atender.

Para comprender la historia, hay que retrotraerse a 2011, cuando todo el sistema político votó una ley con el objetivo de dar acceso a la vivienda (por compra o alquiler) a los sectores de ingresos medios y medios bajos. Hubo una reactivación del sector y crecieron los proyectos habitacionales en las zonas no costeras, donde tradicionalmente se concentraban.

Pero en 2014 el Ministerio de Vivienda (Mvotma) impulsó una reglamentación de la ley que topeó el precio del 25% de las unidades construidas. A su vez, al inicio de 2017 emitió un nuevo decreto que topeó el precio de arrendamiento a los empresarios que invierten en viviendas para alquilar -si supera los valores fijados, la exoneración es 40% y no 100%- y además estableció que en determinados proyectos el 10% de las unidades deberán venderse a un precio fijado por la cartera.

En diálogo con El País tiempo atrás, el consultor inmobiliario Julio Villamide -fallecido el año pasado- analizó que los límites de venta y alquiler quedaron “por debajo del costo de construcción” y el promotor se desinteresó en el negocio, pasando las viviendas promovidas de “300 o 400 al mes a unas 80”.

Ante esa realidad, Appcu comenzó una ronda con jerarcas del gobierno anterior para pedirles volver a las reglas de 2011, y luego se lo transmitió a los candidatos a presidente.

En febrero El País informó que el gobierno entrante atendería el reclamo y estaba ultimando las condiciones. Una fuente oficial dijo en esa ocasión que uno de los objetivos es que haya una promoción de proyectos “más equitativa entre Montevideo y el interior”, porque en los últimos años los emprendimientos con exoneraciones se concentraron en la capital.

Una fuente del sector empresarial dijo ayer a El País que los decretos están en línea con lo que pretendían y son “un gran espaldarazo”.