URUGUAY

El presidente Luis Lacalle Pou anunció ayer que firmó decretos vinculados al régimen de vivienda promovida o de interés social, para volver a las reglas originales del sistema que permite construir con exoneraciones bajo ciertas condiciones.
Se trata de un pedido que venía sosteniendo la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu), que cuando era candidato e incluso presidente electo Lacalle Pou se comprometió a atender.

Para comprender la historia, hay que retrotraerse a 2011, cuando todo el sistema político votó una ley con el objetivo de dar acceso a la vivienda (por compra o alquiler) a los sectores de ingresos medios y medios bajos. Hubo una reactivación del sector y crecieron los proyectos habitacionales en las zonas no costeras, donde tradicionalmente se concentraban.
Pero en 2014 el Ministerio de Vivienda (Mvotma) impulsó una reglamentación de la ley que topeó el precio del 25% de las unidades construidas. A su vez, al inicio de 2017 emitió un nuevo decreto que topeó el precio de arrendamiento a los empresarios que invierten en viviendas para alquilar -si supera los valores fijados, la exoneración es 40% y no 100%- y además estableció que en determinados proyectos el 10% de las unidades deberán venderse a un precio fijado por la cartera.
En diálogo con El País tiempo atrás, el consultor inmobiliario Julio Villamide -fallecido el año pasado- analizó que los límites de venta y alquiler quedaron “por debajo del costo de construcción” y el promotor se desinteresó en el negocio, pasando las viviendas promovidas de “300 o 400 al mes a unas 80”.
Ante esa realidad, Appcu comenzó una ronda con jerarcas del gobierno anterior para pedirles volver a las reglas de 2011, y luego se lo transmitió a los candidatos a presidente.

En febrero El País informó que el gobierno entrante atendería el reclamo y estaba ultimando las condiciones. Una fuente oficial dijo en esa ocasión que uno de los objetivos es que haya una promoción de proyectos “más equitativa entre Montevideo y el interior”, porque en los últimos años los emprendimientos con exoneraciones se concentraron en la capital.

Una fuente del sector empresarial dijo ayer a El País que los decretos están en línea con lo que pretendían y son “un gran espaldarazo”.

En una entrevista con La Estrella de Panamá , el ejecutivo que tomó posesión en el cargo este miércoles, destacó que “de nada sirve que los clientes inviertan si no se ocupan las viviendas; no se trata de traer la plata, necesitas ocupantes y, al final, el crecimiento de la población es lo que llevará a la ocupación de esos inmuebles”.

“El tema migratorio es muy importante para Panamá, si queremos colocar el sobreinventario que hay”, aclaró, además, la sobreoferta existente es el resultado de un cóctel en el que se conjugaron la construcción masiva y la reducción de la migración hacia suelo canalero en los últimos años. “Conozco a clientes que volvieron a sus países y, al final, esa persona se va y queda vacía la propiedad”.

En 2019, la recaudación por el impuesto a las transacciones patrimoniales apenas representó dos tercios del volumen alcanzado en 2011, configurando el desempeño más bajo de la década para el sector, medido por la recaudación de dicho impuesto. Sin embargo, para el Cr. Daniel Porcaro, Director Académico del Diploma en Negocios Inmobiliarios de Universidad ORT y Socio de Porcaro Consultores, la inversión en inmuebles sigue siendo un buen refugio de valor. El profesional entiende que existen elementos que alientan una reversión de la tendencia de los últimos años pero considera poco factible que se concrete durante el año 2020. Porcaro sostuvo que es clave el rol de la autoridad local de una ciudad para incrementar el valor inmobiliario de dicha metrópoli, teniendo en cuenta el índice de ciudades inteligentes (Smart City Index). A continuación, un resumen de la entrevista.

Los promotores de vivienda están optimistas por la reducción de unas 400 casas del inventario que mantienen estancado y el incremento de un 18% en las aprobaciones de los créditos hipotecarios con la Ley Preferencial, según registra la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).
Versión impresa

En noviembre de 2019, el monto de viviendas vendidas bajo la Ley Preferencial era de $6,109 millones, es decir un 18.5% más, que los $5,151 registrados en noviembre de 2018.

Otra mejoría es que el inventario disponible de viviendas ha bajado de 3,600 a 3,200, debido a la modificación de la Ley de Intereses Preferenciales, con lo cual se aumenta la cobertura para la compra de viviendas hasta $180 mil, según explicó a Panamá América presidente de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir).

“Estamos en la vía correcta para que en los próximos dos años acabemos con los inventarios existentes”, destacó.

En una entrevista con La Estrella de Panamá , el ejecutivo que tomó posesión en el cargo este miércoles, destacó que “de nada sirve que los clientes inviertan si no se ocupan las viviendas; no se trata de traer la plata, necesitas ocupantes y, al final, el crecimiento de la población es lo que llevará a la ocupación de esos inmuebles”.

“El tema migratorio es muy importante para Panamá, si queremos colocar el sobreinventario que hay”, aclaró, además, la sobreoferta existente es el resultado de un cóctel en el que se conjugaron la construcción masiva y la reducción de la migración hacia suelo canalero en los últimos años. “Conozco a clientes que volvieron a sus países y, al final, esa persona se va y queda vacía la propiedad”.

El pasado sábado 18 de Enero, Altius Group realizó el evento pre-venta de su mega proyecto Atlántico, en Punta del Este. El mismo se realizó en el showroom de ventas de Atlántico ubicado en la parada 22 de Avda. Roosevelt.

El pasado 17 de diciembre Altius Group presentó su nuevo proyecto en Punta del Este: Atlántico Punta del Este. El evento se realizó en OVO de Enjoy Punta del Este y contó con la presencia de autoridades municipales y nacionales, prensa, colegas y amigos.